Ahora nuestro "querido gobierno" se saca de la manga una ley que llaman no eufemísticamente sino vilmente "Ley de Seguridad Ciudadana". Han cogido la máquina del tiempo y le han cogido el gusto.
Se trata, por si no lo habéis visto, de una ley hecha a medida para empequeñecer radicalmente la oleada de manifestaciones y protestas contra los políticos en general y contra el gobierno en particular.
La ley prevé multas durísimas (hasta 600000 euros) para quien se manifieste en el Congreso de los Diputados o cerca de las casas de los políticos.
Se vuelve a las clásicas prohibiciones y restricciones que el Franquismo ponía al derecho de reunión y al de manifestarse.
Y digo yo, ¿Qué clase de libertad es esta? Estamos hablando de prohibir a la gente estar en la calle libremente ejerciendo un derecho tan básico como la libertad de expresión.
Y si el derecho se quiere ejercer cerca de la casa de un político (que no dentro), se tienen que aguantar. Para eso son personas con un cargo público; nadie les obliga a estar ahí. Si están es porque quieren y si no aguantan la crítica por no escuchar al electorado que les paga (es decir, por no hacer su trabajo) pues se pueden ir y seguro que les dejan en paz.
En fin, parece que el método represivo de los palos a los ciudadanos no sirve; parece que los moratones duelen menos que los recortes en educación y sanidad. Ahora la solución es atacar el bolsillo de la gente que no tiene nada y no le queda nada más que manifestarse para intentar cambiar algo.
Esta es nuestra democracia, esta es nuestra libertad. Parece que la gente ya no está tan hipnotizada con el "furbo" y el "Salvame" (he dicho "tan", que quede claro). Con esta nueva situación se ha destapado nuestro Estado como un Estado represor.
Ya lo decían los romanos Hoc unum rogam: panem et circenses (creo que era así); si tienen pan y circo no se quejarán; ahora parece que nos falta el pan, los políticos nos dan palos.