Nos referimos a diversos sectores especialmente ligados al sector energético como el de las eléctricas o las petroleras aunque también podemos extendernos al sector de las comunicaciones o al empresas que gestionan el agua en los municipios entre otros.
Hoy vamos a referirnos a las petroleras. Hace unas semanas supimos que competencia había multado con unos 32 millones de euros a cinco petroleras que son Repsol, Cepsa, Disa, Meroil y Galp por pactar precios.
Antes de ponerme con esto tengo que aclarar que los 32 millones se reparten entre las cinco petroleras (Repsol es la que más tiene que pagar con 30 millones).
Esta "multa" para las petroleras no supone nada, es el equivalente a una taza de café para una persona teniendo en cuenta que son multinacionales con beneficios de miles y miles de millones de euros. Se trata de una burla a la población y un paripé tremendo.
Llevamos años viendo como el precio de las gasolineras es prácticamente el mismo. Solo varían uno o dos céntimos por litro para dar esa apariencia de competencia que no existe.
¿Tanto tiempo ha necesitado competencia para advertir esto?
Y sobre todo, se trata de una multa que incentiva a este oligopolio a seguir sus prácticas de seguir pactando los precios para mantenerlos muy altos.
Es curioso el tema de los precios de la gasolina. Cuando, por ejemplo, el barril de Brent baja significativamente de precio; apenas bajan los carburantes y se aduce que no supone una parte significativa de los costes de la gasolina. Pero lo gracioso es que cuando dicho barril sube, los carburantes incrementan su precio en la misma proporción.
¿Cuáles son los motivos de que no se actúe contra esta falta de competencia?
Son los de siempre, los políticos que mandan reciben diversas dádivas y promesas del lobby petrolero como la posibilidad de acceder a puestos en sus consejos.
Ahí tenemos también el trato favorable a Repsol en sus prospecciones en Canarias y el empeño del gobierno en que se llevase a cabo.
La única solución que habría a este problema es la nacionalización de, al menos parte, de este sector para garantizar la competencia que, hoy por hoy, es inviable.
El sistema oligopólico facilita estos precios tan inflados que gravan y castigan de una forma extrema al consumidor y la corrupción.
El Estado se niega a intervenir debido a esta corrupción institucionalizada y, cuando lo hace, es para aparentar de algún modo que está vigilante cuando el castigo que inflige a las petroleras es inexistente y nunca va a desincentivar estas prácticas.
Como consumidores carecemos de derechos ante toda esta situación ya que el Estado solo vela por los intereses de las petroleras.
Lo único que podemos hacer es coger el coche lo menos posible y tirar (dentro de lo posible) de medios de transporte limpios.
Medios de transporte limpios que, por cierto, el Estado no incentiva. La sombra del lobby petrolero es muy alargada.
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