HABLEMOS CLARO, HABLEMOS DE NACIONALIZACIONES

En los últimos años se han instalado en la sociedad términos que hasta hace poco no nos eran tan familiares. Mucha gente conoce y maneja expresiones como pobreza energética, oligopolio, cartel, trust, holding y otros términos que se están instalando en el día a día de todos. 

La cotidianidad en informaciones relacionadas con oligopolios y monopolios de sectores estratégicos tienden a reflejar el fracaso del ideal neo-liberal en la economía. 
Y es que uno de los principios liberales en la economía es que la libre competencia propicia el afloramiento de varias empresas que, a su vez, se resuelve con un amplío abanico de ofertas siendo el beneficiado final el usuario de estos mercados. 

Nada más lejos de la realidad. La liberalización de sectores estratégicos en nuestro país como el eléctrico a finales del siglo pasado han dado como resultado el encarecimiento constante en los últimos años del precio de la luz.

Con sus altibajos en estos últimos años, el precio de la electricidad en nuestro país siempre se ha mantenido por encima de la media Europea y en torno al podio de los más altos. 

Sectores como el energético o el ciclo integral del agua han sido privatizados por gobiernos y ayuntamientos generando sectores monopolísticos u oligopolísticos (en el mejor de los casos) y dejando a los ciudadanos en manos de unas pocas empresas. 

Volviendo al sector energético. Fue el gobierno de José María Aznar el que en 1997 promulgó la Ley 54/1997 de 27 de noviembre del Sector Eléctrico. 

Hasta entonces, era el propio Gobierno el encargado de fijar los precios y se mantenía una empresa como Endesa que inició su privatización con Felipe González a finales de los 80 junto con otras empresas públicas como Telefónica o Repsol. Aznar culminó el camino deshaciéndose de las acciones estatales en la eléctrica. 

En unos casos por necesidad del momento y en otros por fundamentos ideológicos se llevaron a cabo estas privatizaciones. El Estado recaudó grandes cantidades monetarias pero supusieron un pan para hoy y hambre para mañana ya que dejaba de controlar unos ingresos y un mercado estratégico indispensable para los ciudadanos. 

En el sector tenemos que asumir los costes por energía propiamente dichos y los costes adicionales. Intervienen una serie de agentes a los que hay que satisfacer: productores, distribuidoras, comercializadoras y transportistas.

El caso es que gran parte de la factura viene por los costes adicionales que el consumidor no maneja tales como el déficit de tarifa que hace referencia a la diferencia entre el coste de producir la energía y el precio que pagan los consumidores. El déficit de tarifa, entre otros factores, está marcado por la decisión política del ministro de industria del Gobierno de Aznar, Josep Piqué de aprobar unas tarifas que no cubrían (supuestamente) los costes. Esta situación se ha ido arrastrando hasta superar los 30.000 millones de euros que los españoles debemos pagar a las eléctricas. 

El problema de fondo son las decisiones políticas. Al ser un sector estrátegico y oligopolístico en el que 3 empresas: Iberdrola, Endesa y Gas Natural (las dos últimas fueron empresas públicas) controlan el 89% del mercado de luz y gas. 

Se ha venido conformando un cartel en el que unas pocas empresas controlan un sector evitando la competencia mutua y acordando los precios. 

No ocurre solo en este sector; podríamos hablar de los 3 grandes grupos audiovisuales que controlan casi la totalidad de grupos de la TDT, la prensa escrita, el sector de los carburantes y el monopolio del agua entre muchos otros. 

Se trata de empresas que han adquirido un tremendo poder actuando como lobbies marcando la legislación y enchufando a políticos y familiares de éstos en sus consejos de administración como premio a sus políticas o para obtener sus influencias. 

Este es el verdadero poder político y aquí se esconden nuestros verdaderos gobernantes. 

No parece lógico esperar que estos monstruos se "comporten". En estos años de crisis hemos asistido a numerosos cortes de luz a familias que no podían acometer el pago en pleno invierno. Reciente es el caso de la anciana muerta por el incendio causado por una vela en Tarragona. 

Felipe González en el Consejo de Gas Natural.

Es cierto, que los ayuntamientos y el Estado han parcheado la situación promoviendo medidas sociales pero el problema de fondo sigue ahí. Solo tenemos que buscar los resultados anuales de las eléctricas y podemos comprobar cómo se está empleando un sector estratégico y del que dependemos la mayoría de ciudadanos para que unos pocos se enriquezcan. Y todo ello con el apoyo o connivencia de los principales partidos políticos de este país. 

Por eso creo que teneos que hablar claro, hay que plantear un programa de nacionalizaciones en el sector eléctrico y en otros sectores superando la ambigüedad de algunos partidos nuevos. Hay que ser valiente  planteando esta medida para abrir un debate en las instituciones y en la propia sociedad. 
Nacionalizar un sector (o parte de él) como el de la energía no es de comunistas. Ya hemos visto que Endesa hasta hace no tanto tiempo era estatal y nadie pensaba que viviéramos en un sistema comunista. El artículo 128 de la Constitución ampara esta idea. 

 1.Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general

2. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general.

Por lo tanto, hay mimbres legales para emprender este camino. No es lógico que un estado consienta sistemas oligopolísticos (sector de la energía) y monopolísticos (agua). El Estado debe estar para asegurar la competencia y en este caso no hay forma mejor que formando parte del mercado.